En nuestro país los herederos forzosos tienen derecho a la legítima de la herencia, un tercio de los bienes hereditarios del fallecido. Este derecho es indisponible por el testador, por lo que, debe respetar la legítima de los herederos, debiendo reservar un tercio de los bienes para sus herederos. En otras palabras, y como se dice coloquialmente “no se puede dejar a un hijo sin herencia”. Sin embargo, existen unas causas en la ley por las que puede desheredarse a un hijo, y por tanto, privarle del derecho a la legítima de la herencia, siendo este el efecto de la desheredación. 

Las causas de desheredación se encuentran reguladas en los artículos 848 y siguientes del Código Civil, y se trata de un numerus clausus, por lo que, sólo podrá desheredarse por las causas expresamente previstas en la ley, sin que quepa una interpretación extensiva o analógica de las mismas, ni utilizar otras causas no previstas en el Código Civil. Las causas de desheredación previstas lo son en relación con los hijos y descendientes, los padres y ascendientes o el cónyuge. 

En relación con los hijos y descendientes, son causas de desheredación (artículos 853 y 756 CC):

1º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.

2º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado por denuncia falsa

3º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

4º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

5º Haber negado, sin motivo alguno, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. 

6º Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al ascendiente. 

En relación con los padres y ascendientes, son causas de desheredación (artículos  854 y 756 CC): 

1º Los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus hijos.

2º El que fuere condenado por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes.

3º El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada calumniosa. 

4º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

5º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare, o alterare otro posterior. 

Asimismo, son también causas de desheredación en relación con los padres haber perdido la patria potestad conforme al artículo 170 del Código Civil; haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo alguno; o haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación. 

En relación con el cónyuge, son causas de desheredación (artículos 855 y 756 CC) las causas de desheredación 2º a 5º señaladas en relación con los padres y ascendientes, y también: 

1º Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.

2º Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme al artículo 170 CC. 

3º Haber negado alimento a los hijos o al otro cónyuge. 

4º Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere medicado reconciliación. 

Las diferentes noticias que se publicaron estos días en relación al aumento de solicitudes de desheredación hacían referencia a que muchos ancianos, que se encontraban solos, no habían recibido llamadas de sus hijos o descendientes. Al respecto, debemos indicar que, teniendo en cuenta que no cabe una interpretación extensiva de las causas de desheredación, sólo es posible desheredar a un heredero por las causas específicamente reguladas. Por tanto, sin entrar a valorar cuestiones morales, el no recibir llamadas de un hijo durante el estado de alarma no constituye una causa de desheredación, y es que, la falta de relación familiar o de comunicación no es causa para desheredar. En Cataluña, sin embargo, que dispone de un derecho privado propio con el Código Civil catalán, si se regula esta causa de desheredación.

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No obstante, para poder divorciarse en Notaría es necesario cumplir una serie de requisitos que analizaremos a continuación. Quienes no cumplan los requisitos deberán acudir al Juzgado, con la presentación de demanda de mutuo acuerdo, para formalizar el divorcio, que requerirá la intervención de Abogado y Procurador en ejercicio.

• Requisitos legales para divorciarse en Notaría

Los requisitos legales que deben cumplirse para poder tramitar el divorcio de mutuo acuerdo son los siguientes:

1. Que el divorcio sea de mutuo acuerdo, y no contencioso.
2. Que el matrimonio lleve más de tres meses casados.
3. Que no hayan hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente.
4. Que la mujer no se encuentre embarazada.

En relación al requisito de que no hayan hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente, debemos señalar que si existen hijos mayores, deberán prestar el consentimiento respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. Es decir, si los hijos mayores de edad son económicamente dependientes, conforme al artículo 82 del Código Civil, deberán prestar consentimiento y estar presentes en el momento de otorgamiento de la escritura.

• Convenio regulador de divorcio

Una vez cumplidos los requisitos señalados, los cónyuges deberán firmar un documento llamado Convenio regulador, con sus datos personales, su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, y las medidas económicas que regirán en lo sucesivo, con el fin de, si procede, liquidar la sociedad de gananciales. Este convenio se incorporará a la escritura pública de divorcio formalizada en la Notaría.

El Notario competente para tramitar el divorcio de mutuo acuerdo será el del domicilio de los cónyuges, por lo que si estos residen en Santa Cruz de Tenerife, será competente cualquier notario del municipio.

• Intervención obligatoria de abogado en ejercicio

El artículo 82 del Código Civil y el artículo 54.2 de la Ley del Notariado establecen la obligatoriedad de la intervención de Letrado. “Los cónyuges deberán estar asistidos en el otorgamiento de la escritura pública de Letrado en ejercicio”.

La función del letrado es la de prestar asesoramiento a los cónyuges y redactar el Convenio regulador de divorcio. Además, en el momento de acudir a la Notaría para ratificarse en el divorcio y firmar la correspondiente escritura (otorgamiento), estará presente el letrado, que firmará también el documento notarial.

• Documentación necesaria

En primer lugar, una vez firmado el Convenio regulador, los cónyuges deberán aportar el mismo a la Notaría con la documentación que se señala a continuación:

– Certificado de matrimonio, para acreditar que los cónyuges llevan casados más de tres meses.
– Libro de familia o certificado de nacimiento de todos los hijos, a fin de acreditar el nacimiento de estos, y que ya son mayores de edad.
– Certificado de empadronamiento de cualquiera de los cónyuges para acreditar la competencia del Notario.
– DNI de los cónyuges.
– DNI y documentación acreditativa – carné colegial – del Letrado que interviene.

• Procedimiento

Una vez firmado el Convenio regulador, se aporta el mismo con la documentación señalada al Notario competente, que citará posteriormente a los cónyuges y al letrado para el acto de otorgamiento. En dicho acto, el Notario comprobará la identidad de todos los presentes, y leerá la escritura de divorcio junto con el Convenio regulador, firmando tanto los cónyuges como el Letrado la escritura notarial.

Acabado el acto y preparada la escritura, el Notario remitirá copia autorizada de la misma al Registro Civil correspondiente para la inscripción del divorcio, de conformidad con el artículo 61 de la Ley del Registro Civil.

Por último, en cuanto los aranceles notariales, para un divorcio de mutuo acuerdo sin liquidación de gananciales, el importe por oscila entre los 130-160€, dependiendo del número de páginas del Convenio regulador y de la documentación testimoniada.

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Cuando el causante realiza donaciones que pueden perjudicar a la legítima de los herederos nos encontramos ante el supuesto de reducción de donaciones inoficiosas. Según el artículo 817 del Código Civil: “Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas”. 

Por lo anterior, el heredero que vea perjudicada su legítima por una donación realizada por el causante podrá solicitar su reducción por inoficiosa. El heredero verá que su legítima está afectada mediante la figura de “la colación”, regulada por el artículo 1035 del Código Civil. 

Según el artículo, “el heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a una sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de la partición”.

Es decir, conforme al ejemplo que poníamos al principio de esta entrada, si el causante donó en vida un inmueble a uno de sus tres hijos, en el momento de determinar la herencia a repartir entre dichos hijos, hay que traer dicho inmueble a la herencia (colación = “traer a la masa hereditaria”), debiendo computarse el inmueble en la regulación de las legítimas y en la cuenta de la partición. Así, al valor de los bienes de la herencia hay que sumar también el de las donaciones, tal como establece el artículo 818 del Código Civil.

Sin embargo, puede ser que el causante haya determinado expresamente, en la propia escritura de donación, que la misma no es colacionable, es decir, que la donación no se va a tener en cuenta en la herencia. Al respecto, el artículo 1036 del Código Civil establece “La colación no tendrá lugar entre los herederos forzosos si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente o si el donatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa”.

Sin embargo, y volviendo al ejemplo que hemos puesto, si el causante donó su único bien a un hijo suyo, la donación es inoficiosa porque afecta a la legítima de sus dos otros dos hijos.

¿Cómo sabemos que la donación afecta a la legítima y por tanto es inoficiosa? 

La legítima constituye un tercio (1/3) de la herencia que es indisponible por el testador, debe reservarlo a sus herederos forzosos, por lo que si no hay bienes en la herencia (como en el presente ejemplo) o habiendo bienes en la herencia no se alcanza el 1/3 de herencia, las donaciones hechas en vida son inoficiosas porque sólo trayendo estas a la masa hereditaria se alcanza el tercio de legítima estricta. Veámoslo de forma práctica con el ejemplo comentado: 

En la herencia no habían bienes y el causante donó en vida su único bien antes de morir a uno de sus hijos. Si el inmueble tiene un valor de 100.000 euros y la legítima estricta es 1/3 de la herencia (100.000 / 3 = 33.333,33 euros), como son tres hermanos (33.333,33 / 3 = 11.111,11 euros), la cantidad de 11.111,11 euros es lo que le corresponde a los hermanos que no han recibido nada.

Por lo expuesto, la donación del inmueble realizada a uno de los hijos debe ser reducida por inoficiosa, de tal modo que, si el inmueble donado tiene un valor de 100.000 euros, este hijo deberá compensar a sus hermanos abonando a cada uno la cantidad de 11.111,11 euros (22.222,22 euros). Así es como si hubiera recibido en donación la cantidad de 77.777,78 euros, por quedar esta reducida.

Si necesita asesoramiento legal sobre donaciones y herencia podemos ayudarle. Póngase en contacto con nosotros al 922 299 111, envíe un email a info@leynorabogados.es o utilice nuestro formulario de consultas rápidas. 

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En primer lugar, debemos atender al contrato para comprobar si existe cláusula de actualización de la renta. En este tipo de cláusula las partes acuerdan el sistema de actualización de la renta que regirá durante la vigencia del contrato, siendo la regla general utilizar como sistema de actualización las variaciones experimentadas por el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.). Si en el contrato no viene recogida ninguna cláusula de actualización de renta, no se aplicará actualización o pacto de renta, por lo que ni arrendador ni arrendatario podrán actualizar la renta. Sin embargo, si las partes pactan expresamente la actualización de la renta anualmente en una cláusula del contrato pero no detallan el sistema de actualización, la renta se actualizará conforme al Índice de Garantía de Competitividad (I.G.C.)

En segundo lugar, el incremento de la renta, ya sea con un mecanismo de actualización acordado por las partes o por el propio I.G.C., no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el I.P.C. a fecha de cada actualización, es decir, el I.P.C. marcará el límite de actualización de la renta, que no podrá ser superado. 

Por último, para actualizar la renta del arrendamiento habría que notificar por escrito a la otra parte la renta actualizada, aplicando el  porcentaje correspondiente al sistema de actualización acordado en el contrato o I.G.C, siendo válida también la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad precedente. El arrendatario deberá abonar la renta actualizada a partir del mes siguiente a aquel en que haya recibido la referida notificación, pudiendo exigirle al arrendador la oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el porcentaje aplicado de actualización. 

Lo expuesto es de aplicación a los contratos firmados desde marzo de 2019, por aplicación del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, que modifica el artículo 18 de  la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos. Para los contratos comprendidos entre el 31 de marzo de 2015 y el 1 de marzo de 2019 la diferencia radica, principalmente, en que no hay límite de actualización de la renta, pudiendo las partes pactar otros sistemas de actualización superiores al I.P.C. 

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